La aprobación legislativa de reforma a la Ley Eléctrica con la cual el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca fortalecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) no gustó a buena parte del sector empresarial.

Si bien tanto el gobierno, como el sector privado coinciden en la importancia de reducir el costo de la electricidad en el país, el camino por el que optó la administración lopezobradorista podría generar el efecto contrario, consideran organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana.

El precio de dejar a las energías renovables al final de la fila del despacho al sistema eléctrico fue estimado en dos mil 900 millones de dólares al año por CCE, una cifra que tendrá que ser financiada ya sea en el precio que pagan los agentes económicos por la energía eléctrica o a través de subsidios del gobierno.
 

La Junta de Gobierno de Banco de México mejoró sus previsiones sobre el desempeño de la economía para este y el próximo año, en sintonía con las perspectivas económicas globales que van al alza por la posibilidad de controlar la pandemia de covid-19.

El nuevo escenario de Banco de México considera factible que la economía pueda crecer más o menos que lo previsto en el escenario central, en un horizonte de 2.8% como mínimo y de 6.7% en el escenario más optimista.

Además, como era esperado, la autoridad monetaria decidió hacer un ajuste al alza a los pronósticos de la inflación, tras reconocer que los precios de los energéticos están generando presiones en este año por una baja base de comparación, no obstante considera que los precios retomarán una trayectoria a la baja en la segunda parte del año y se mantendrán dentro del rango objetivo de la política monetaria.
 

La fortaleza del dólar y el recelo provocado una polémica reforma al sector energético del país hicieron que el tipo de cambio llegara a 21 pesos en el intradía de la jornada del miércoles.

El DXY llegó a su nivel más fuerte en un mes luego que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometiera a acelerar el cronograma de vacunación dos meses antes de lo previsto, lo que elevó las expectativas de una rápida apertura económica en la Unión Americana.

Claro que los factores locales también complicaron el panorama del mercado cambiario, pues la iniciativa a la Ley Energética podría desencadenar una ola de amparos y hasta controversias constitucionales de quienes creen que la reforma es contraria a la Constitución y hasta podría ser violatoria de los tratados comerciales que México tiene firmados, lo que sienta un mal precedente para el clima de inversión.
 

Luego de varios meses de desencuentros, la administración de Andrés Manuel López Obrador dio otro paso decisivo ante los contratos que diversas entidades gubernamentales mantienen con empresas privadas y que, a su consideración, son desventajosas para el gobierno.

Pemex logró la renegociación de un contrato para el suministro de gas etano al complejo petroquímico Etileno XXI, de la mexicana Idesa y la filial de Odebrecht en el país, Braskem, con un beneficio para la Hacienda Pública por casi 14 mil millones de pesos.

Para el mandatario, el acuerdo permitirá liberar a la empresa del Estado del pago de sobrecostos al tiempo que Braskem-Idesa mantiene el contrato y, con ello, las fuentes de empleo que genera.

Ahora, la administración de López Obrador mantiene la mira puesta en los contratos con la empresa de electricidad de origen español, Iberdrola.
 

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Fernanda Celis
Directora Editorial Newsletter AXIS
Especialista en Negocios y Finanzas.