México recibió un nuevo espaldarazo por parte de las agencias de calificación crediticia, con lo que se afianzó dentro del grupo de emisores que cuentan con grado de inversión o un bajo riesgo.

La agencia de calificación crediticia Standard and Poor’s reafirmó la nota soberana de México en un nivel de “BBB”, con perspectiva Estable.

S&P se sumó así a Fitch Ratings y Moody’s Investor Services, quienes previamente ya habían validado que el marco macroeconómico de México resistió bien a pesar de los efectos nocivos generados por la pandemia.

Claro que S&P hizo énfasis en que riesgos como el bajo crecimiento del país y las dificultades financieras de la empresa Petróleos Mexicanos podría deteriorar aún más el perfil crediticio nacional.
 

Credijusto anunció la adquisición de Banco Finterra, una institución especializada en financiar soluciones para pequeños negocios y el sector agrícola, convirtiéndose en la primera fintech en adquirir un banco regulado en el país.

Esta compra permitirá a Credijusto duplicar el tamaño de su negocio y acelerar sus planes de crecimiento, tendientes a posicionarse como el mayor proveedor de servicios financieros para empresas pequeñas y medianas.

La operación es un ejemplo más del peso que han tomado las empresas fintech, que han buscado aprovechar los bajos niveles de bancarización del país, con opciones asequibles para personas y pequeñas empresas.

De manera combinada, Credijusto y Finterra han prestado dos mil millones de dólares a empresas pequeñas y medianas.
 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todavía tiene planeado presentar tres iniciativas de reformas constitucionales necesarias para el éxito de su administración.

En primer lugar, el presidente dijo que planea proponer una reforma constitucional para fortalecer a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad, luego de los obstáculos que enfrentó la ley que propuso para modificar el despacho eléctrico. Eso podría ocurrir entre finales de este año e inicios del siguiente.

Además, el presidente dijo que también planea reformar una reforma a la ley electoral y otra para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
 

La organización de beneficencia y caridad, Fundación Mary Street Jenkins, está en medio de una disputa familiar sobre su patrimonio, que escaló a instancias legales.

La fundación, controlada por la familia Jenkins de Landa, acusó una campaña de desprestigio en su contra, tras darse a conocer la existencia de ordenes de aprehensión en contra de algunos integrantes.

El conflicto inició cinco años antes, cuando el hijo mayor de la familia denunció a su familia de maquinar un entramado para despojar a la fundación de su capital a través de otra organización de filantropía.

Para algunos, como el gobernador de Puebla, el patrimonio de la fundación es del estado, no de la familia fundadora.
 

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Fernanda Celis
Directora Editorial Newsletter AXIS
Especialista en Negocios y Finanzas.