GCC, una de las principales cementeras mexicanas, decidió poner buena cara al fallo adversó que le propició un juzgado de distrito en el estado de Colorado, en Estados Unidos, en la disputa que sostiene con su exsocia colombiana Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa).
El juzgado le ordenó a GCC entregarle activos con un valor de 36.1 millones de dólares más gastos e intereses para garantizar el pago que debe hacer la mexicana a la boliviana.
Claro que la cementera dijo no estar muy preocupada porque la resolución no es ni final ni definitiva, sino un “procedimiento en curso”.
La disputa entre las dos compañías surgió en 2011 cuando GCC vendió su interés de 47% en la cementera Sociedad Boliviana de Cemento, o Sobece, a la compañía peruana Consorcio Cementero del Sur (CCS).
La venta generó el malestar de Cimsa, dueña del resto de Sobece, o de 53%, ya que argumentó --desde un inicio-- que esa transacción violó su derecho de preferencia para poder, al menos, presentar una oferta de compra por el resto de las acciones que no tenía.
El malestar desató una pleito legal en Bolivia, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y últimamente en Estados Unidos, que no parece hasta ahora favorecer a la compañía mexicana, con sede en la ciudad de Chihuahua, en el norte del país.
