El cobro de adeudos e impuestos atrasados es ya un sello distintivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro. Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocer de empresas que deciden ponerse al corriente en su situación fiscal es cada vez más común.

Ahora, tocó turnó a La Comer, una de las minoristas de mayor renombre en el país, de ingresar a la lista de empresas que deciden estar al corriente de sus obligaciones, tras alcanzar un acuerdo para el pago de 426 millones de pesos --o 20.6 millones de dólares--.

El acuerdo corresponde a diferencias fiscales de los ejercicios correspondientes a 2014 y 2015, y pese a que consideró haber utilizado los criterios correctos para el pago de impuestos en esos años, decidió entablar un acuerdo con el SAT antes de encarar una disputa legal.

Claro que el pago acordado con las autoridades tendrá un impacto estimado de 133 millones de pesos (6.4 millones de dólares) en sus resultados netos.

Ya otras empresas han optado por seguir la misma decisión de La Comer, entre ellas el gigante de las telecomunicaciones América Móvil; el productor de lácteos Grupo Lala, la cervecera Grupo Modelo y Fomento Económico Mexicano (Femsa).

Por el contrario, hay algunas que llevaron su desacuerdo con el SAT a instancias legales. En dicha lista destacan las empresas del conglomerado Grupo Salinas, por adeudos que anteceden de 2016; así como Grupo Herdez, para evitar el pago de 980 millones de pesos
 

México lleva años, al menos mínimo cuatro, sin ver una nueva cotización de una compañía tradicional en las dos bolsas de valores mexicanas que tiene el país.

Un operador grande de fondos, si no es que el mayor, tiene una explicación de ese triste fenómeno del mercado mexicano: las múltiples y complejas reglas para poder emitir acciones en el país.

Eso fue lo que Sergio Méndez, el líder de BlackRock en México, dijo a Bloomberg en una entrevista hace unos días. En ella, el ejecutivo pidió a los reguladores tomar medidas para facilitar el listado de nuevas empresas en las bolsas del país, como podría ser una reducción de la cantidad de información que deben divulgar cuando se hacen públicas esas compañías.

En su plática, Méndez dejó entrever cierta frustración por la cantidad de requisitos que se piden en el país para salir a bolsa, cuando al mismo tiempo está observando que jóvenes y clases medias podrían tener apetito por nuevo títulos cotizados en el país, principalmente de empresas que innovan o que tienen un gran sentido de responsabilidad social, medioambiental y de gobernanza.

En fin, la sugerencia, que no es la primera vez que se hace, está ya ahí y habrá que ver si las autoridades financieras, principalmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hace caso.
 

El inicio de año es ese momento donde muchos aprovechan para iniciar nuevos proyectos y concretar planes que, por una razón u otra, no pudieron materializarse antes de finalizar el año viejo.

En ese ambiente de renovación y nuevos bríos es que Fermaca, una de las principales compañías de infraestructura energética del país, alista un cambio en su dirección con la llegada de Fernando Tovar Olvera, con una probada experiencia en el sector energético y tras su paso por la también energética Engie en el país.

Ya desde su nuevo cargo el reto no es menor, porque deberá impulsar el desarrollo de nueva infraestructura --especialmente en gas natural-- y, al mismo tiempo, procurar que cuente con un enfoque comunitario.

Hay que recordar que Fermaca fue de las empresas protagonistas de uno de los desencuentros con el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, más sonados, luego del intento de modificar de manera unilateral los contratos para la construcción y operación de gasoductos, por considerar que incluían cláusulas desventajosas para las autoridades.

Tras meses de negociaciones, Fermaca y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alcanzaron un acuerdo por los gasoductos La Laguna-Aguascalientes y Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, e implicó cambios en las tarifas a pagar por parte de la empresa del Estado, a cambio de una extensión en la vigencia de los contratos por 10 años más.
 

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Fernanda Celis
Directora Editorial Newsletter AXIS
Especialista en Negocios y Finanzas.