¿Qué sucede?

El posible conflicto de interés que involucra a la petrolera estatal Pemex, a la prestadora de servicios petroleros Baker Hughes y el hijo mayor del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya llegó a manos de la Fiscalía General de la República, que inició una investigación.

¿Qué significa?

El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, luego de la investigación periodística que reveló que el hijo mayor del presidente López Obrador vivía con su esposa, Carolyn Adams, en una propiedad arrendada a un exejecutivo de la empresa estadounidense en el mismo periodo en que Baker Hughes obtuvo ampliaciones a contratos que mantenía con la petrolera estatal.

¿Qué implica?

La investigación abre un capítulo más en la polémica que, para muchos, es el mayor escándalo de corrupción en lo que va de la administración del presidente López Obrador, que tuvo en el combate a esta uno de los pilares de su campaña presidencial de 2018. Además de Pemex y Baker Hughes, el escándalo ha tocado también a la operadora de hoteles Grupo Vidanta.
 

¿Qué sucede?

El 28 de febrero, los trabajadores de Tridonex, una filial en México del fabricante estadounidense de autopartes Cardone Industries, elegirán mediante votación al nuevo sindicato que los representará en la negociación de su contrato colectivo de trabajo.

Esto después de dos años de un conflicto laboral que activó el mecanismo de respuesta rápida contemplado en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC.

¿Qué significa?

La abogada laboral Susana Prieto Terrazas fue representante legal de los empleados inconformes de la planta de manufactura a principios de 2019. Tras protestas, surgió el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 20/32 (SNITIS), que será una de las dos opciones en la votación de la próxima semana.

Lo que falta

El proceso sucede en medio de supuestas denuncias por parte de Prieto Terrazas respecto a que los empleados están recibiendo presiones en la votación de su nueva representación sindical, de acuerdo con portales especializados.
 

La nota

La política del gobierno de México en el tema energético continúa con sus repercusiones y ahora la empresa estadounidense Monterra Energy perfila la posibilidad de llevar al Estado mexicano a tribunales por el cierre de una terminal de almacenamiento de hidrocarburos que le fue clausurada en septiembre.

Los detalles

Las intenciones de llevar a tribunales internacionales la suspensión de actividades de la terminal, localizada en Tuxpan, Veracruz, fue notificada a la Secretaría de Economía, y la empresa perteneciente al fondo de KKR, exigiría el pago de al menos 667 millones de dólares, de acuerdo con algunos reportes.

Lo que implica

La potencial demanda ocurriría en momentos en los que el gobierno de México pretende modificar la Constitución en materia energética para privilegiar a las empresas del Estado --CFE y Pemex-- y se sumaría a los frentes que ya tiene con otras empresas del sector, como la también energética estadounidense Talos Energy por el yacimiento Zama, o el arbitraje internacional solicitado por el grupo de empresas que encabeza Finley Resources.
 

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Fernanda Celis
Directora Editorial Newsletter AXIS
Especialista en Negocios y Finanzas.