Cofece impone multa máxima a empresas, ejecutivos por colusión en distribución medicamentos

16 de ago. (Sentido Común) -- La Comisión Federal de Competencia Económica impuso una multa de 903 millones 479 mil pesos (45.4 millones de dólares) a cinco empresas, una asociación de distribuidores y 21 personas físicas por haberse coludido durante al menos 10 años en el mercado de distribución de medicamentos en México.

     Cofece, como también se conoce al organismo responsable de combatir los monopolios en México, dijo que impuso la multa máxima que le permitía la ley al considerar que incidir en el precio de los medicamentos es una actividad que afectó a la mayoría de los mexicanos.

     “Si hay un mercado en donde la colusión genera pérdidas millonarias al bolsillo de todos los mexicanos, es este”, escribió Alejandra Palacios, la comisionada presidenta de Cofece, en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

      El regulador antimonopolios sancionó a las empresas Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro y Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas que participaron en representación de éstas, por incurrir en actividades ilegales para restringir el abasto de medicinas en el país, con la intención de elevar su precio.

      Además, el regulador multó a la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar), así como a una persona física relacionada con ésta, e inhabilitó a 10 ejecutivos de las compañías sancionadas para ejercer como consejeros, administradores, directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados de dichas empresas, en plazos que van de los seis meses a los cuatro años.

     Las conductas cometidas “incidieron en la distribución (venta de distribuidores a los minoristas, como farmacias) y comercialización de los medicamentos (venta al público), imponiendo ilegalmente sobre el canal minorista restricciones de abasto, así como incrementos y manipulaciones a los precios de dichos productos”, dijo Cofece, en un comunicado. “Se estima que las conductas sancionadas provocaron un daño al bolsillo de los mexicanos de dos mil 359 millones de pesos”.

     Cofece dijo que, por ejemplo, las empresas Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro, con la ayuda de Diprofar, acordaron no distribuir medicamentos en el país durante los días de asueto establecidos en la Ley Federal del Trabajo, y otros, para no distribuir medicamentos en las farmacias entre junio de 2006 y diciembre de 2016. A través de esta medida, los agentes económicos garantizaban que algún competidor pudiera abastecer a las farmacias en días no laborales.

     Por otro lado, Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro se pusieron de acuerdo entre enero de 2008 y diciembre de 2016 para abastecer una cantidad restringida de medicinas a farmacias de acuerdo con las cuentas por cobrar que tenían, lo que de facto significó la creación de un comité de crédito.

     Así mismo, las compañías sancionadas acordaron otorgar descuentos limitados a las farmacias, con la colaboración de Diprofar, para evitar que otros distribuidores buscaran competir para ganar participación de mercado.

     Además, Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro acordaron entre 2011 y 2013 incrementar de manera coordinada el precio en farmacia de diversos medicamentos en 3.66% y, finalmente, directivos de Marzam, Nadro, Fanasa y Casa Saba ejecutaron un mecanismo que permitió a los distribuidores coludirse para homologar de forma escalonada los precios de venta de los medicamentos a las farmacias.

     “Lo anterior generó un daño a las familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos, quienes gastan aproximadamente 24 mil millones de pesos en la compra de medicamentos recetados, medicamentos sin receta y material de curación”, dijo Cofece, en su comunicado.

     Además del proceso de sanción en materia de competencia, Cofece presentó al menos dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y ante la extinta Procuraduría General de la República, por irregularidades detectadas entre 2009 y 2015.

     “Creemos que el impacto social de la práctica es bastante negativo, en el sentido de que estás hablando de recursos públicos, y hay ciertas empresas que probablemente se pusieron de acuerdo para, en detrimento del erario público, llevar a cabo acuerdos tratándose de compra pública”, dijo Sergio López Rodríguez, ahora extitular de la Autoridad Investigadora de Cofece, en entrevista telefónica realizada en 2019, cuando se presentó la segunda denuncia penal.

     En el pasado Cofece impuso las multas más altas que le permitió la ley en los casos de colusión en el mercado de bonos gubernamentales de México o en la colusión de pruebas de laboratorio y análisis de sangre.

    Pese a ello, la Comisión ha sido objeto de críticas de quienes creen que el regulador debería ser más duro contra los infractores.

     Sin embargo, la propia comisionada presidenta Palacios, quien deja esa posición en septiembre de este año, dijo en su momento que no es útil imponer megamultas que vayan más allá de lo establecido en la ley porque éstas se caerían en tribunales.

     De hecho, las empresas podrán acudir al poder judicial para impugnar estas sanciones, tal como han hecho otros agentes económicos y empresas en sanciones impuestas por la Comisión.

     No es claro si las empresas y sancionados estén pensando hacerlo. Sentido Común contactó a representantes de Marzam para preguntarles si tenían alguna reacción al anuncio de Cofece y de momento declinaron hacer comentarios. Además, Sentido Común trató de contactar a representantes de Nadro y de Casa Saba, aunque de momento no logró establecer contacto.