López Obrador, con iniciativa, busca limitar duración de concesiones mineras

30 de mar. (Axis negocios) -- El gobierno de México busca una serie de cambios estructurales en el sector minero con los que pretende, entre otras cuestiones, limitar la duración de las concesiones otorgadas a las empresas mineras.

     El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

     El documento, de 110 páginas, tiene como esencia reducir la duración de las concesiones mineras de 50 a 15 años, con una sola prórroga por el mismo lapso. También propone modificar el esquema de otorgamiento de concesiones mediante concurso público.

     Con ello, “disminuirá la especulación de particulares con recursos de la nación”, dijo el Ejecutivo en la iniciativa.

     La iniciativa también plantea la eliminación del carácter preferente de la actividad minera, así como el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera.

     La iniciativa está alineada a la política del presidente López Obrador, quien desde los primeros meses de su administración descartó la entrega de nuevas concesiones mineras por considerar que los gobiernos anteriores abusaron en la entrega de estas.

     Si bien, el mandatario se comprometió a respetar las concesiones que fueron entregadas antes del inicio de su gobierno, lo cierto es que en más de una ocasión ha protagonizado confrontaciones con algunas empresas mineras.

     Ejemplo de ello es el rechazo a la mina de cielo abierto Los Cardones, en Baja California, que inició en 2019 y que finalmente concluyó a finales del año pasado con la cancelación del proyecto propiedad de Invecture Group.

     Otras empresas que también han tenido conflicto con el gobierno de López Obrador fueron First Majestic y Americas Gold & Silver, a quienes el mandatario incluso planteó retirarles las concesiones que les permiten operar en los estados de Durango --en el caso de First Majestic-- y Sonora, para Americas Gold.

     Datos de la Secretaría de Economía, incluidos en la iniciativa señalan que de 1992 a noviembre de 2018, antes del inicio de la administración de López Obrador, el gobierno mexicano entregó 65 mil 534 concesiones mineras, de las que 23 mil 441 aún continúan vigentes. De ellas 19% son explotadas.

     La participación de las aportaciones fiscales de la minería representa 0.4% del Producto Interno Bruto, pero sus ingresos, de acuerdo con estimaciones de la dependencia federal, en tanto que los ingresos --en 2019-- de las mineras por su actividad en México alcanzó 2.3% del PIB.

     “Lo anterior evidencia que la actividad minera no es representativa para el desarrollo económico y la redistribución de la riqueza en el país, por lo que no se justifica la preferencia que tiene sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno o del agua”, apuntó el Ejecutivo en la iniciativa.

     Otras de las modificaciones planteadas son las referentes a la obligatoriedad de determinar los impactos sociales de las concesiones otorgadas; el establecimiento de consultas previas a pueblos y comunidades indígenas impactadas; el condicionamiento de las concesiones a la disponibilidad de agua en la zona; y la regulación de la transmisión de los títulos de concesión.

     La iniciativa, enviada al Congreso la tarde del martes, fue considerada como de fuertes repercusiones por los la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, que incluso podrían poner en riesgo la subsistencia y continuidad de la industria.

     “Los cambios implicarían un impacto severo a la forma habitual en que se desarrollo la industria o un cambio radical a las disposiciones sobre las cuales las empresas mineras nacionales y extranjeras invirtieron en México”, dijo la asociación en un comunicado.

     De concretarse los cambios, estimó la organización, podría generar la salida de capital en detrimento del empleo de más de 406 mil personas de manera directa, y más de 2.5 millones de empleos directos, e inversiones promedio de cuatro mil millones de dólares de forma anual.

     Por lo pronto la reacción en bolsa de las principales mineras fue diversa. Industrias Peñoles presentó una caída de 3.4% para liderar las caídas entre las principales empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, en tanto que Grupo México, el otro gigante del sector, subió 1.7%. Autlán subió 0.5% y Minera Frisco, cayó 2.4%.

     La iniciativa recién presentada no es la primera modificación que busca el gobierno del presidente López Obrador a la Ley Minera, ya que en abril de 2022, la Cámara de Diputados aprobó vía fast-track una reforma para otorgar la exclusividad del litio al Estado.

     Dicha reforma fue la respuesta al fracaso de la iniciativa presidencial que pretendía llevar a cabo una reforma constitucional en materia eléctrica.