Iberdrola acuerda vender al gobierno de México 13 plantas en 6,000 mdd

4 de abr. (Axis negocios) -- Iberdrola, una de las mayores compañías energéticas de España, alcanzó un acuerdo con el gobierno de México para vender la mayor parte de sus activos locales en una operación que está alineada con los objetivos de ambas partes, puesto que la empresa busca enfocarse en la generación de energía con fuentes renovables, en tanto que la Federación quiere tener un mayor control de la generación eléctrica nacional.

     La operación está valuada en seis mil millones de dólares y contempla la venta, por parte de la empresa española, de 12 plantas de generación de electricidad vía ciclo combinado de gas, así como una planta de energía renovable, con una capacidad instalada en conjunto de ocho mil 539 Megawatios (MW), de los que ocho mil 436 MW corresponden a ciclos combinados de gas y 103 MW corresponden a un parque eólico terrestre.

     “Este acuerdo representa el inicio de una nueva etapa en la que el sector privado, incluyendo a Iberdrola, es bienvenido a invertir en el desarrollo de energías renovables en el país, bajo la tutela del Estado”, escribió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado. “De igual modo, fortalece la participación de la Nación en la generación de energía eléctrica para cumplir con la responsabilidad de garantizar el abasto de energía y la estabilidad de precios para los mexicanos, así como sus servicios de salud, educación y seguridad”.

     Los activos que serán vendidos por Iberdrola son los ciclos combinados de gas Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California y Topolobampo II y III; el parque eólico terrestre La Venta III --que operan todos ellos bajo el régimen de Productores Independientes de Energía contratados con la Comisión Federal de Electricidad-- y los ciclos combinados de gas privados Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek.

     Esto representa la desinversión de 76.3% de los 11 mil 197 MW de capacidad instalada en México en manos de Iberdrola, o bien, un incremento de 39 a 55% del porcentaje de generación de electricidad en el país para la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa que no será dueña de la infraestructura, pero que la operará. En regiones, como el noreste, la participación de CFE se incrementará de 7 a 45% si la operación se cierra en los términos actuales.

     Antes de que la empresa estatal mexicana concrete la compra Iberdrola atenderá de manera transitoria la operación de las empresas relacionadas con esta trasnsacción.

     La adquisición aún tiene pendiente obtener las aprobaciones regulatorias y el cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones. Las partes dijeron que la operación será realizada mediante un vehículo de inversión creado y administrado por el fondo de capital de riesgo México Infrastructure Partners (MIP), en el que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) figura ya como accionista principal, aunque también participan en él inversionistas privados.

      “Además de que no agrega a la deuda de CFE, no la compromete financieramente, la enriquece porque le da una masa crítica de operación mucho mayor de la que hoy tiene”, destacó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en un video y difundido por el presidente López Obrador en sus redes sociales y grabado durante un encuentro de los ejecutivos globales y locales de Iberdrola con el mandatario, el secretario y el director general de CFE, Manuel Bartlett, entre otros.

     México Infraestructure Partners (MIP) es un administrador de fondos de capital de riesgo que invierte en proyectos a largo plazo a través de instrumentos como Certificados de Capital para el Desarrollo (CKDs) o Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPIs). Maneja 10 fondos, entre ellos el de Fomento a la Energía e Infraestructura de México (Fondo EXI) emitido en 2015 con una vigencia a 10 años, el cual se financia a través de la emisión de CKDs. Este fondo está a cargo de Mario Gabriel Budebo, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía durante el gobierno del presidente Felipe Caldeón y quien se ha dedicado a financiar y desarrollar proyecteos de infraestructura energética a lo largo de los últimos nueve años.

     Exi está especializado en proyectos de energía, comunicaciones y transportes, del cual Fonadin posee un interés de 16.9% tras fondear 400 millones de pesos (22 millones de dólares). Gracias a ello ha recibido distribuciones por 40 millones de pesos que representan 10% de su monto total invertido.

     Entre las inversiones realizadas a través de este fondo de capital de riesgo están el Gasoducto Mayakán, que corre de Tabasco a Yucatán; la planta de tratamiento de aguas residuales Agua Prieta, ubicada en el estado de Jalisco; el acueducto que abastece a la zona metropolitana de San Luis Potosí de nombre El Realito; así como el sistema de abastecimiento y purificación de agua en el estado de Querétaro, a través de la concesionaria Suministro de Agua de Querétaro (SAQSA).

     Para muchos la operación es la culminación de las hostilidades que ha tenido el gobierno de López Obrador con las empresas energéticas, en particular con las españolas y dentro de ellas Iberdrola. Esta ha sido quizás la empresa más señalada por el mandatario como muestra de los supuestos lazos de corrupción entre gobiernos anteriores y la iniciativa privada, quienes, el presidente cree, sólo buscaban destruir a CFE.

     Sin embargo y a pesar de esta animadversión presidencial desde el inicio del gobierno actual en 2018, las dos partes parecen satisfechas con el acuerdo, ya que por un lado México impulsa una política energética que le permita tener una rectoría en la generación de electricidad de cuando menos 54% del mercado nacional --con la operación la superaría al llegar a 55%--, mientras que Iberdrola parece deshacerse de activos con ya una década de operación, en un mercado en el que había sido hostigada y que ya no ofrecía las mismas oportunidades para crecer. 

     Si bien a pesar del acuerdo permitió que López Obrador, junto con sus secretario de Hacienda,y el director de CFE, pudiese sentarse a platicar con los principales ejecutivos de la empresa española, su gobierno no ha dejado de señalar, sin pruebas contundentes, que Iberdrola se vio favorecida por su cercanía con gobiernos anteriores, en particular los encabezados por presidentes del Partido Acción Nacional (PAN), como fueron Felipe Calderón (2006 a 2012) y Vicente Fox (2000 a 2006).

     Pese a las reiteradas acusaciones, López Obrador destacó el acurdo como "una operación muy importante, desde luego en beneficio del pueblo de México y agradecemos mucho a Iberdrola, a su director general, su presidente global por la voluntad de llegar a" él, agregando que "hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo, el diálogo y la buena voluntad. De estas discrepancias surge esto que es algo extraordinario, histórico”.

     Una de las críticas más constantes hechas por el mandatario mexicano es la contratación del expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, y la que fuera su secretaria de Energía en su administración, Georgina Kessel, para formar parte de los consejos de administración de algunas filiales de Iberdrola, algo que él equipara, sin pruebas, como un soborno para ganar influencia con las autoridades, aun cuando ambos funcionarios no participaron en las decisión de política energética en el gobierno subsecuente encabezado por Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

     “¿Y saben qué hace Iberdrola? Y lo hizo aquí: Es el que elabora las leyes, Iberdrola, y coopta, por decirlo amable, a los legisladores para que se aprueben esas leyes; y no solo eso, si hay políticos famosos de izquierda o de derecha los contrata para que trabaje con ellos, y los usas como agentes de relaciones públicas, les llaman lobbistas, lo que hicieron aquí con Felipe Calderón”, dijo, por ejemplo, López Obrador en abril de 2022.

     Claro que Iberdrola no solo resintió ataques verbales sino también en otros en los hechos, como la cancelación de permisos para la comercialización de gas natural por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y más recientemente, una multa por mil 145 millones de pesos (63.2 millones de dólares al tipo de cambio de hoy), por la venta de electricidad por no contar supuestamente con un contrato de autoabastecimiento. 

     Iberdrola ha impugnado esa multa. No es claro que ocurrirá con ella en caso de cerrarse la operación.

     Frente a este panorama, la empresa españolat fue tomando también diversas decisiones con relación a su operación mexicana, como la cancelación del proyecto de construcción de una central de ciclo combinado, valuada en mil 200 millones de dólares, en el municipio de Tuxpan, Veracruz, a mediados de junio.

     Iberdrola, tras el anuncio de la opreación, dijo que su objetivo es poner el foco en la generación de energía a través de fuentes limpias, para lo cual también contempla a México, país donde mantendrá operaciones generadoras de esas energía renovables.

     “Iberdrola, a través de las nuevas inversiones que llevará a cabo en México, reafirmará su liderazgo en el desarrollo de energías renovables en el país”, dijo en el comunicado y aseguró que "seguirá prestando servicio a sus clientes actuales en México para lo que se prevé celebrar contratos de compraventa de energía con las sociedades que se transmiten con la finalidad de proporcionar a las compañías del Grupo Iberdrola la energía y la potencia necesarias para desarrollar la generación renovable en México y cumplir con sus objetivos actuales y futuros en el país".

* César Pérez colaboró con esta historia.