México analiza compra de hospitales concesionados en busca de ahorros

6 de jul. (Axis negocios) -- El gobierno de México explora la posibilidad de comprar nueve hospitales que fueron desarrollados bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), en lo que podría perfilarse como un nuevo capítulo de renegociaciones entre su administración y la iniciativa privada.

     El objetivo de la compra es el ahorro de los costos de operación y mantenimiento de los hospitales, ya que los contratos --generalmente con una vigencia de 20 años cada uno-- resultaron un mal negocio para el país, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

     “Estamos ahora viendo cómo resolvemos lo de nueve hospitales de estos público-privados”, dijo el mandatario en el encuentro con representantes de medios de comunicación, este jueves. “En el caso de los hospitales, que es lo que les vamos a plantear, se los compramos, ya hagamos un avalúo y pagamos lo que cuesta el edificio y los equipos”.

     Tan solo de seis hospitales, el gobierno federal paga seis mil millones de pesos (349 millones de dólares), lo cual fue calificado por el presidente López Obrador como un robo, ya que con esa cantidad podrían construirse tres hospitales.

     Los hospitales forman parte de la red del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y están ubicados en Ixtapaluca, Estado de México; Mérida, Yucatán; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, entre otros.

     Los inmuebles hospitalarios fueron desarrollados bajo el esquema de APP desde el sexenio del expresidente Vicente Fox y el último en utilizar este esquema fue el expresidente Enrique Peña Nieto.

     De hecho, entre 2005 y 2018 fueron firmados 14 contratos de APP relacionados con servicios e infraestructura de salud en México, de acuerdo con el reporte Perfil de las Asociaciones Público-Privadas en Servicios e Infraestructura de Salud de América Latina y el Caribe, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021.

     Dichos contratos están relacionados con los del Bajío, Ciudad Victoria, Ixtapaluca, Zumpango, Toluca, Tlalnepantla, Clínica Mérida, Bahía de Banderas, Tapachula, Tláhuac, Villahermosa, Tepic, Municipio García y Tepotzotlán.

     Incluso en 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió riesgos de subutilización de su capacidad, debido a que su construcción fue hecha con montos de inversión, número de camas, consultorios y quirófanos por arriba de lo establecido en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), de acuerdo con reportes periodísticos.

     El presidente no dio mayores detalles sobre los planes de compra, o quienes son las empresas involucradas en la operación de los hospitales. No obstante, el reporte de BID apuntó que los 14 contratos fueron firmados con empresas como las mexicanas GIA+A, IGSA, Prodemex y Marnhos y las españolas Sacyr, Assignia, BM3 y Acciona.

     Para López Obrador, las asociaciones público-privadas --no solo en infraestructura hospitalaria-- no resultaron ser redituables para la administración pública, por lo que desde su arribo a la presidencia descartó el desarrollo de proyectos bajo dicho esquema.

     De hecho, existe un antecedente de renegociación de contratos de infraestructura concesionada. En 2021 el presidente informó un acuerdo con cinco empresas que administraban penales federales en México, el cual representaría ahorros para el gobierno por 10 mil 106 millones de pesos (585 millones de dólares) por lo que restaba de su administración en ese momento.

     En las negociaciones estuvieron involucradas las empresas Exi Quantium, GIA+A, Prodemex, Inbursa y BlackRock, titulares de los ocho contratos para operar los centros ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Coahuila y Morelos, este último de tipo femenil.

     En aquella ocasión, el gobierno mexicano explicó que los contratos obligaban al pago de 276 mil 619 millones de pesos (16 mil millones de dólares) anuales por 20 años. De ellos, se pagaron 85 mil 398 millones de pesos (cuatro mil 942 millones de dólares) en nueve años.

     Con ello, anunció el gobierno mexicano, permitiría ahorros por 41 mil 496 millones de pesos (dos mil 401 millones de dólares) en los restantes 11 años de vigencia de las concesiones; además de que finalizado el contrato los inmuebles pasarían a manos de la administración federal.

     “No vamos a incumplir con contratos de otros tiempos, lo que buscamos es quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública y que logremos ahorros”, dijo el mandatario en su conferencia matutina, en abril de 2021.

     Previamente, en 2019, su gobierno logró renegociar los contratos para la operación de siete gasoductos. Tras meses de tensiones, las cuatro empresas operadoras de los ductos acordaron modificar los términos de cinco contratos, principalmente en las tarifas que pagaría la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el servicio del transporte del gas natural.

     Más recientemente, en abril de este año, el gobierno mexicano acordó la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica hasta ese momento en manos de la compañía española Iberdrola.