Los rivales de Trump esperaban un nocaut legal. El tiempo se acaba

2 de feb. (Dow Jones) -- Los oponentes políticos del expresidente Donald J. Trump esperaban que sus dificultades legales torpedearan su última candidatura a la presidencia. Pero un golpe de gracia antes de las elecciones parece cada vez más improbable.

     El expresidente, que parece estar a punto de obtener la nominación presidencial republicana después de su victoria hace unos días en New Hampshire, está demostrando ser menos vulnerable en el frente legal de lo que muchos de sus críticos predijeron.

     Sus abogados están teniendo éxito maniobrando para retrasar cualquier ajuste de cuentas legal. Además, el político-empresario se ha beneficiado de la buena fortuna en los dos juicios que plantean su mayor vulnerabilidad política: los de sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020.

     Gracias a un desafío fortuito a una ley que se le acusa de haber violado, la Corte Suprema podría diluir el caso federal de interferencia electoral de Trump en los próximos meses. Mientras tanto, el enjuiciamiento paralelo en Georgia enfrenta mayores contratiempos luego de las acusaciones de que la fiscal que dirige el caso pudo haber contratado a un amante para dirigir el juicio.

     Mientras tanto, Trump ha recaudado dinero en sus batallas legales, viendo crecer su apoyo a medida que se describe a sí mismo como una víctima de fiscales partidistas que organizan un sistema de justicia corrupto para frustrar su intento de un segundo mandato en la Casa Blanca. Los fiscales han negado esa afirmación.

     “Todo ha ido a favor de él en sus esfuerzos por alimentar su narrativa política de ser una víctima”, dijo Ty Cobb, un exabogado de Trump ahora crítico. “Ha tenido algunos golpes de suerte”.

     El portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo que el éxito de la campaña electoral del expresidente es una señal de que algunos votantes consideran que los enjuiciamientos tienen motivaciones políticas y agregó que Trump ganaría las elecciones de “manera dominante”. Un portavoz del fiscal especial federal, Jack Smith, declinó hacer comentarios y un portavoz de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, Fani Willis, no respondió a una solicitud de comentarios.

    Una condena aún podría plantear problemas en las elecciones generales para Trump. Una encuesta a boca de urna publicada por CNN encontró que 42% de los votantes de las primarias republicanas de New Hampshire, que incluyen un número considerable de independientes, dijeron que Trump no sería apto para servir si es condenado. Una encuesta de este medio en diciembre encontró que Trump aventajaba a Biden por cuatro puntos, pero Biden ganaba por un punto si Trump tenía una condena federal.

Una carrera de obstáculos legales

Trump fue acusado el año pasado en cuatro casos penales separados que suman un total de 91 cargos penales. Dos casos se relacionan con sus esfuerzos para anular su derrota electoral de 2020, incluido uno de fiscales locales en Georgia y otro de Smith, el fiscal especial federal. Otro caso de Smith acusó a Trump de retener indebidamente documentos clasificados después de dejar el cargo, y un cuarto provino de fiscales locales en Nueva York por sus pagos de dinero para silenciar a Stormy Daniels durante las elecciones de 2016.

    Los oponentes de Trump durante mucho tiempo consideraron que esa carrera de obstáculos legales podría ser fatal para sus perspectivas de 2024. “El problema para Donald Trump en todo esto es su propia conducta. Es su peor enemigo”, dijo el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie después de la primera acusación federal de Trump el año pasado.

    Al menos para los votantes de las primarias, ese argumento ha caído en barbecho. Este mes, Christie se retiró de la carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano con su campaña estancada.

     Mientras tanto, los partidarios de Trump se unieron en torno a la acusación del expresidente de una “cacería de brujas” organizada, al igual que la mayoría de sus rivales en las primarias, deseosos de no alienar a su base devota. Incluso su única rival republicana restante, Nikki Haley, solo se ha referido indirectamente al peligro legal de Trump, calificándolo de agente del “caos republicano”.

    Trump, cuya foto policial se ha convertido en un motivo de orgullo durante su campaña, aún no se ha enfrentado a ningún merecido en los tribunales. Está previsto que vaya a juicio por los cargos federales de interferencia electoral en Washington el 4 de marzo. Pero esa fecha está en suspenso mientras apela su reclamo, rechazado por el juez de primera instancia, de que un expresidente generalmente no puede enfrentar un proceso penal por actos oficiales que realizó mientras estaba en el cargo.

     Los tribunales se han mostrado escépticos sobre el alcance del reclamo de inmunidad de Trump, pero es probable que el desafío, que se espera que intente llevar a la Corte Suprema, retrase cualquier juicio durante varios meses.

Apoyo imprevisto

Un caso no relacionado que la Corte Suprema ya acordó escuchar también podría ayudar a Trump en el juicio. Joseph Fischer, un oficial de policía de una pequeña ciudad de Pensilvania que participó en los disturbios pro-Trump del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos mientras el Congreso se reunía para certificar la victoria electoral del presidente Biden, es uno de los cientos de acusados del 6 de enero acusados de obstruir un procedimiento oficial.

     Ese cargo también comprende dos de los cuatro cargos que enfrenta Trump. Se deriva de una disposición de Sarbanes-Oxley Act de 2002, promulgada después del escándalo financiero de Enron, que establece que es ilegal destruir registros para interferir con los procedimientos oficiales, u obstruirlos, influir o impedirlos. Fischer cuestionó el uso de la ley, diciendo que la certificación de votos del Congreso no era el tipo de procedimientos que la ley pretendía cubrir. Si Fischer gana, Trump también podría hacerlo.

     La pregunta es, ¿se puede obstruir la justicia incluso cuando no hay pruebas, o no hay investigación?”, dijo Nick Smith, quien argumentó sin éxito el caso de Fischer y varios otros acusados del 6 de enero ante un tribunal federal de apelaciones.

    Los fiscales responden que la ley cubre adecuadamente las acciones violentas de los alborotadores, que obligaron a los legisladores a detener los procedimientos y huir a un lugar seguro.

     El alto tribunal también podría reducir el alcance de la ley para que no limite el caso de Trump, que lo acusa de intentar alterar fraudulentamente los resultados electorales documentados. “Si la historia de Sarbanes-Oxley requiere algún tipo de ofensa documental, entonces la tenemos”, dijo Timothy Heaphy, quien fue el principal abogado investigador del panel de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero.

    De cualquier manera, el caso abierto podría obligar al juez a retrasar aún más el juicio hasta que la Corte Suprema decida, dijeron expertos legales, probablemente en junio.

     Trump también podría tener un respiro en Georgia. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Willis, enfrenta acusaciones hechas públicas este mes de que estaba saliendo con el fiscal especial Nathan Wade cuando le otorgó un lucrativo contrato para hacerse cargo del caso. A principios de este mes, otro acusado en el caso presentó una moción argumentando que la relación creaba un conflicto de intereses inadmisible. Si bien no ha comentado directamente sobre las acusaciones, Willis ha atribuido las críticas a prejuicios raciales.

     Hace unos días, el abogado de Trump se unió a la moción y apuntó a su respuesta, calificándola de un intento de “fomentar la animadversión racial y el prejuicio contra los acusados” que justificaba aún más la desestimación y descalificación de Willis del caso.