Reforma al Poder Judicial impactaría economía, presupuesto, TMEC, inversiones

20 de ago. (Axis negocios) -- La reforma al Poder Judicial de la Federación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), prendió, desde su presentación, las alertas sobre los riesgos a la independencia de dicho poder, pero también por las implicaciones económicas y financieras que tendría de concretarse.

     Si bien no existe un estimado del impacto al Producto Interno Bruto (PIB) de México con la iniciativa, organizaciones como México Evalúa consideran que es posible analizar las implicaciones en aspectos económicos como Inversión Extranjera Directa (IED), presupuesto y cumplimiento del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, conocido aquí como T-MEC.

     “El impacto económico fue ignorado en los diálogos [nacionales organizados por la Cámara de Diputados] y merece un espacio porque de ese impacto depende la actividad económica, el empleo y el ingreso de las familias de México”, dijo en conferencia de prensa Mariana Campos, directora general de México Evalúa.

     Un ejemplo de ello es en la Inversión Extranjera Directa (IED). Algunos estudios muestran la relación que tiene con la calidad de la operación de los tribunales, en el que una mayor y mejor resolución de conflictos, genera un mayor arribo de inversiones, de acuerdo con datos de la organización.

     En el caso de México, en los últimos años --señaló Campos-- la IED nueva ha perdido participación en México, ya que pasó de representar 53.5% de la cartera de EID en 2022, a solo 2.6% en los primeros seis meses de 2024.

     “No estamos atrayendo IED y esta reforma judicial va a mermar todavía más esta posibilidad”, apuntó. “Nos preocupa mucho que teniendo una oportunidad tan grande para promover el crecimiento y desarrollo económico del país pongamos una limitante tan grande de este calibre”.

     Este punto fue compartido por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que criticó el mecanismo de designación de juzgadores contemplado en la iniciativa, en el que la elección se realizaría mediante el voto popular, mientras que la selección de los perfiles a contender podría definirse mediante insaculación en caso de que el número de aspirantes supere los lugares para contender por los cargos.

     Este sistema, “disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas debido, entre otros factores, a la incertidumbre en el proceso de designación de jueces, así como a la posible politización en las designaciones, lo que abriría la puerta para que jueces pudieran enfrentar presiones externas que puedan comprometer su independencia e imparcialidad”, apuntó el instituto.

     Para México Evalúa, en tanto, dicho escenario también implicaría gastos presupuestarios en la organización de campañas, incluso si la iniciativa apunta a que no se destinarán recursos a las campañas. Ello, abre la puerta a financiamiento ilegal de grupos de interés como el crimen organizado.

     Además, también representa riesgos para el acuerdo comercial que México tiene con Estados Unidos y Canadá, especialmente en el cumplimiento de los capítulos 14, relativo al tratamiento equitativo de inversiones; 23 en torno a temas laborales, y 27 sobre políticas anticorrupción.

     Las preocupaciones de ambas organizaciones se suman a las de algunas agencias calificadoras, que ven en la reforma --y en otras más presentadas a principio de año por el Ejecutivo-- riesgos para el perfil crediticio del país.

     “Creemos que las reformas propuestas afectarían negativamente el perfil institucional general de México, pero la gravedad de su impacto podría quedar más clara una vez que se aprueben e implementen”, dijeron analistas de Fitch Ratings en un reporte. “Los débiles indicadores de gobernanza ya limitan la calificación soberana, y solo se compensan en parte con un historial de política macroeconómica prudente, creíble y consistente”.

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