Dueños bonos, en disputa con TV Azteca, acusan protección de jueces en México

23 de oct. (Axis negocios) -- TV Azteca, la segunda mayor productora de contenidos televisivos en México, cuenta con la protección de sistema de justicia del país para evitar el pago de un bono internacional por 400 millones de dólares, acusó un grupo de dueños del bono, como parte del arbitraje internacional que iniciaron contra el Estado mexicano.

     Los tribunales locales de Ciudad de México fueron captados por la empresa y su dueño, Ricardo Salinas Pliego --el tercer hombre más acaudalado del país, de acuerdo con el listado de Las grandes fortunas de México 2024 de Infosel-- y han protegido sus intereses, acusaron los fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, dueños de parte del bono.

     “TV Azteca ha sido protegida de la obligación gracias a las absurdas decisiones de las cortes mexicanas locales, las cuales, consciente o inconscientemente, han seguido el mandato del señor Salinas”, dijeron los fondos en una contramemoria de jurisdicción presentada en agosto y hecha pública la víspera por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la institución encargada del arbitraje.

     La contramemoria es un recurso legal que permite refutar los argumentos presentados por el Estado mexicano, que en junio solicitó al CIADI desestimar la reclamación por considerar que los fondos incumplieron con los requisitos jurisdiccionales para llevar el caso a arbitraje internacional.

     En concreto --explicaron Cyrus y Contrarian-- desde el inicio del conflicto, los dueños del bono han participado en al menos una decena de acciones judiciales en el país, entre apelaciones, amparos, recursos de reconsideración, entre otros.

     El bono involucrado en la disputa fue emitido en el mercado internacional en agosto de 2017, con una tasa de interés fija de 8.25%, con recursos que sirvieron principalmente para saldar un bono de 500 millones de dólares que vencía en 2020. El vencimiento del bono fue en agosto de este año.

     No obstante, el conflicto se remonta a febrero de 2021, cuando la televisora anunció la suspensión del pago del bono bajo el argumento de la contingencia sanitaria derivada del covid-19. El bono representaba casi dos terceras partes de la deuda total de la compañía al cierre de diciembre de 2022, el último reporte financiero disponible.

     Ante ello, y luego de varios intentos de negociación que no tuvieron éxito, en agosto de 2023, ambos fondos iniciaron el proceso legal en contra de México bajo el amparo del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, conocido aquí como T-MEC.

     Para los fondos, la defensa que el Estado mexicano ha presentado en el proceso de arbitraje es una señal negativa para los inversionistas extranjeros y contradice los esfuerzos del gobierno para “hacer frente a lo que reconoce ser una corrupción profundamente arraigada en el Poder Judicial”.

     “La decisión política del gobierno de proteger al señor Salinas es aún más sorprendente dada su negativa a pagar sus obligaciones fiscales mexicanas”, dijeron los fondos en referencia a los múltiples litigios fiscales que las empresas que forman parte del conglomerado Grupo Salinas mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

     En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el arbitraje contra México es responsabilidad del Poder Judicial de la Federación, ya que en diversas ocasiones ha emitido fallos favorables a Televisión Azteca y Salinas Pliego para no cumplir con sus obligaciones de deuda en Estados Unidos.

     “Es decir, es una demanda, por lo que dice la nota, quiero recalcarlo, de empresarios de Estados Unidos en donde el Poder Judicial en México le da la razón a esta persona (Salinas Pliego) para que no pague lo que debe en Estados Unidos”, dijo la presidenta en su conferencia de prensa matutina con medios de comunicación. “Cuando tengamos más información de Secretaría de Economía lo comentamos, pero es interesante, muy interesante”.

     Los señalamientos de ambos fondos y de la mandataria federal ocurren en medio de la implementación de la polémica reforma al Poder Judicial de la Federación, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que entre otras cosas plantea la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, en un primer proceso que se llevará a cabo en julio de 2025.

     La reforma, que entró en vigor en septiembre, ha sido cuestionada por trabajadores y demás integrantes del Poder Judicial e incluso se han emitido varios recursos legales para su suspensión, los cuales no han sido acatados por el Ejecutivo.