Cofece interpone 1ra acción colectiva contra empresas coludidas en sector salud

29 de oct. (Axis negocios) -- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso su primer recurso de acción colectiva en contra de las empresas Casa Marzam, Casa Saba y Fármacos Nacionales, así como Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana, por coludirse durante 10 años para afectar la libre competencia en el mercado de distribución de fármacos en México.

     A través de esta medida, Cofece pidió al Poder Judicial que cobre a estas empresas dos mil 316 millones de pesos (poco más de 115 millones de dólares al tipo de cambio actual) para resarcir los daños generados a los consumidores por más de dos mil millones de pesos.

     El objetivo es que los recursos obtenidos sirvan para fortalecer al sector público de salud en México, que durante años ha batallado con escasez de recursos para hacer frente a la gran demanda de servicios e infraestructura que tiene.

     “En la demanda, solicitamos al Poder Judicial que los recursos se destinen al IMSS-Bienestar, de manera que sirvan para atender la salud de todas y todos los mexicanos, que fue el sector donde se sufrió el perjuicio”, dijo el órgano responsable de vigilar el correcto funcionamiento de los mercados, en un comunicado. “Recordemos que los hogares más pobres gastan un mayor porcentaje de su ingreso en medicamentos, por lo que los sobreprecios afectan más a quienes menos tienen”.

     Andrea Marván, la comisionada presidenta de Cofece, dijo que si bien en su momento el organismo ya impuso la multa máxima que le permitía la ley, buscarán llevar el caso lo más lejos posible que les permita la ley para castigar esta práctica que afectó sobre todo a las poblaciones más pobres.

     “Hoy estamos haciendo todavía más”, dijo Marván, en un mensaje en redes sociales. “Estamos pidiéndole a los tribunales que ordenen a los distribuidores de medicamentos que regresen esos más de dos mil millones de pesos . . .con acciones como estas, la Cofece demuestra que está entrando a una nueva fase de la política de competencia, en la que se busca aplicar al máximo nuestras facultades para que quienes violen la ley paguen hasta las últimas consecuencias”.

    Cofece sancionó en 2021 con 903 millones de pesos (45 millones de dólares al tipo de cambio de hoy) a estas compañías por haber incurrido en prácticas de colusión como evitar la distribución de medicamentos durante ciertos días del año, limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias y manipular los precios de venta y limitar descuentos a las farmacias.

     Además de las multas, fueron inhabilitados 10 directivos para trabajar en esas empresas y fueron presentadas dos denuncias penales.

      El monto de la sanción de Cofece, si bien estuvo acorde con lo que le permitía la ley, pudo ser para muchos decepcionante frente al daño causado por estas prácticas en el mercado.

     Este es de hecho uno de los argumentos que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando propuso reformar la ley para eliminar los llamados órganos autónomos por considerarlos onerosos para el fisco y poco efectivos para combatir los monopolios. La iniciativa que envió López Obrador y que está por ahora en el Congreso es aparentemente respalda por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

     Cofece en su momento dijo que los beneficios de sus acciones alcanzaban siete pesos por cada peso de presupuesto que recibía.

     La comisionada presidenta Marván dijo en un encuentro con medios a la salida de la presentación de la acción colectiva que el regulador continuará con sus labores de manera cotidiana, mientras se resuelve el futuro de los órganos autónomos en el Congreso.

     Previamente, Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que esperan subir al pleno la discusión de la desaparición de los órganos autónomos antes de que concluya el año.

     Otros organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que es el órgano responsable de garantizar el acceso a la información el gobierno, llevó a cabo reuniones con la Secretaría de Gobernación para proponerles un plan de reestructura administrativa que permita continuar con la operación de la dependencia.