SCJN desestima invalidez de reforma al Poder Judicial con voto decisivo de ministro

5 de nov. (Axis negocios) -- La reforma al Poder Judicial de la Federación, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que, entre otras cosas prevé la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, continuará vigente luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto que la invalidaba de manera parcial.

     La decisión del pleno del máximo tribunal de justicia del país, tras siete horas de sesión, estuvo marcada por el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien desde su primera intervención descartó respaldar el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

     “Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, dijo el ministro Pérez Dayán durante su intervención inicial.

     El voto del ministro Pérez Dayán se sumó al de las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, las tres afines al proyecto político de la autodenominada Cuarta Transformación y que habían externado previamente su voto en contra del proyecto.

     La sesión inició con la discusión sobre la legitimidad jurídica de los partidos políticos --en este caso Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano-- para impugnar la reforma mediante acciones de inconstitucionalidad.

     “El día de hoy, la Suprema Corte realizará el estudio de un asunto de altísima complejidad y extraordinaria importancia para nuestra nación”, dijo la ministra presidenta Norma Piña, al inicio de la sesión. “El caso que hoy nos ocupa tiene un componente adicional por el que será seguido y escrupulosamente revisado por la sociedad en general, la mayoría de la comunidad jurídica nacional e internacional y por las generaciones futuras”.

     Si bien la legitimidad de los partidos políticos para presentar una acción de inconstitucionalidad fue respaldada por el voto de ocho ministros --aunque solo requería de seis votos para ser aprobada--, fue en la discusión sobre el número de votos requeridos para declarar la invalidez de una norma lo que se convirtió en el punto álgido de la discusión.

     Con la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial en septiembre, la Constitución contempla que se requiere el voto de al menos seis ministros para declarar la invalidez de una norma --debido a que se reduce el número de integrantes de la Corte a nueve--. No obstante, el pleno determinó por mayoría que toda vez que al máximo tribunal se mantiene conformado por 11 integrantes, los votos requeridos son ocho.

     Ante ello, y en vista de que cuatro ministros se pronunciaron por la imposibilidad de entrar al análisis del fondo del proyecto debido a que no se reunirían los ocho votos necesarios para concretar la invalidez, el pleno determinó desestimar los conceptos de invalidez.

     “Es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las ministras Yasmín Esquivel, (Loretta) Ortiz, (Lenia) Batres y (Alberto) Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control”, dijo el ministro Alcántara Carrancá, poco antes del final de la sesión. “Sin ellos ninguna validez es posible bajo el parámetro de ocho votos que previamente regían nuestra mayoría calificada”.

     El proyecto de González Alcántara proponía validar la elección mediante voto popular de los integrantes del máximo tribunal de justicia del país, magistrados del Tribunal de Disciplina y a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero rechaza ese procedimiento para el nombramiento de magistrados de circuito y jueces de distrito.

     También preveía medidas de austeridad para futuros cargos, la extinción de fideicomisos, la creación del Tribunal de Disciplina como órgano encargado de investigar y sancionar a los juzgadores y de un Órgano de Administración, además del establecimiento de plazos para resolver sentencias.

      El ministro que elaboró el proyecto resolvió invalidar la remoción masiva de jueces y magistrados y un recorte salarial para los que estén en funciones, otorgar facultades amplias para el Tribunal de Disciplina y la inacatabilidad de sus sentencias, así como el régimen aplicable para los poderes judiciales locales. También propone invalidar la prohibición de suspender normas generales en el juicio de amparo y la figura de los llamados jueces sin rostro.

     Tras el término de la sesión, el partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en voz del líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, celebró el resultado.

     “Ahora se deja claro que prevaleció el derecho, que prevaleció la Constitución, que prevaleció la mesura y la sensatez de alguno o algunos de los ministros”, dijo el líder morenista en la Cámara Baja.

     El proyecto de González Alcántara propone validar la elección mediante voto popular de los integrantes del máximo tribunal de justicia del país, magistrados del Tribunal de Disciplina y a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero rechaza ese procedimiento para el nombramiento de magistrados de circuito y jueces de distrito.

     También contemplaba medidas de austeridad para futuros cargos, la extinción de fideicomisos, la creación del Tribunal de Disciplina como órgano encargado de investigar y sancionar a los juzgadores y de un Órgano de Administración, además del establecimiento de plazos para resolver sentencias.

      El ministro que elaboró el proyecto resolvió invalidar la remoción masiva de jueces y magistrados y un recorte salarial para los que estén en funciones, otorgar facultades amplias para el Tribunal de Disciplina y la inacatabilidad de sus sentencias, así como el régimen aplicable para los poderes judiciales locales. También propone invalidar la prohibición de suspender normas generales en el juicio de amparo y la figura de los llamados jueces sin rostro.

     La discusión ocurrió a algunos días de que ocho de los 11 ministros de la Corte presentaron su renuncia al Senado de la República en rechazo a la reforma, que inició en vigencia en septiembre.

      Los ministros estaban obligados por ley a informar de su renuncia en caso de que no tuvieran intenciones de participar en la selección de nuevos ministros mediante el voto directo, un proceso para el que sí se anotaron las ministras Batres, Ortiz y Esquivel.