Tras desistimiento de SCJN, ¿qué sigue para la Reforma al Poder Judicial?

8 de nov. (Axis negocios) -- La implementación de la reforma al Poder Judicial de la Federación es casi un hecho, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto que buscaba invalidar partes de los cambios constitucionales que entraron en vigor en septiembre.

     El sorpresivo voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que hasta antes de la discusión del 5 de noviembre había concordado con la postura de otros siete ministros que se pronunciaron en contra de la reforma, sepultó la posibilidad de que el máximo tribunal de justicia del país analizara a fondo los cambios que, entre otras medidas, ordenan la elección mediante el voto popular de jueces, magistrados y los mismos ministros.

     Al no alcanzarse ocho votos necesarios para declarar la invalidez --después de une deliberación en la que se puso sobre la mesa que esto se acordara por el voto de seis ministros, como indica la reforma que propone una Suprema Corte de solo nueve integrantes, las posibilidades de dejar sin efecto la reforma se redujeron considerablemente.

     Si bien quedan algunos recursos para frenarla, al menos de manera parcial, todo indica que México llevará a cabo las elecciones extraordinarias de junio del año próximo y entrará en una nueva era de la impartición de justicia.

     “Esto significa que los amparos siguen por su propia vía, por una vía distinta”, dijo el ministro Javier Laynez Potisek, en entrevista con Radio Fórmula.

     Un ejemplo de ello son los recursos presentados por juzgadores ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la insaculación llevada a cabo por el Senado de la República para definir los cargos que serán elegidos en la elección extraordinaria del próximo año, así como a los recursos de amparo promovidos ante jueces federales.

     No obstante, para algunos especialistas, el panorama es poco alentador y no frena del todo las modificaciones hechas a la Constitución.

     “El único problema con todos estos casos es que, al ser amparos y juicios para protección de derechos políticos, tienen efectos particulares”, explicó Paulina Creuheras, subdirectora de la firma Integralia Consultores, en conversación telefónica. “Se antoja un poco complicado que todos estos recursos puedan detener la implementación de la reforma”.

     Muchos de estos recursos se tradujeron en suspensiones en contra de los cambios constitucionales, los cuales han sido notificados al Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano encargado de la elección extraordinaria de 2025, lo que ha detenido el avance de la organización de dichos comicios para evitar sanciones en contra de sus consejeros por desacato.

     El INE de hecho aprobó recientemente un presupuesto precautorio de más de 13 mil millones de pesos (645 millones de dólares) para la organización de la elección judicial, el proceso se encuentra detenido. Ante ello, el Consejo General del árbitro electoral ha discutido la posibilidad de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción de dichas suspensiones --de alrededor de 260 de acuerdo con reportes periodísticos-- para que les dé resolución lo más pronto posible.

     “Claro que tenemos que actuar. Llevo semanas diciendo que tenemos que acudir a la Corte para que atraiga los amparos y resuelva en definitiva sobre su procedencia e improcedencia”, dijo Arturo Castillo, uno de los consejeros del INE, en entrevista con Milenio.

     Para la subdirectora de Integralia, es posible que, en caso de que el INE acuda a la Suprema Corte, el máximo tribunal dé prioridad a dar una resolución, al tratarse de un tema que toca directamente al Poder Judicial y, al mismo tiempo, ser un asunto electoral.

     Otra vía abierta son las instancias internacionales. Recientemente un grupo de magistrados anunció que llevaría el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que eventualmente podría escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, explicó Creuheras, suelen ser procesos que requieren de mucho tiempo y no hay garantías de que las sentencias sean cumplidas por el Estado mexicano.

     “Está el problema de que se resolverá cuando ya habríamos elegido [juzgadores] en 2025 y que aún y cuando resuelva condenar al Estado mexicano, el Estado mexicano puede no cumplir y es difícil que trascienda”, agregó.

      Para el gobierno, que obtuvo este triunfo por ahora en la Suprema Corte, el siguiente reto será convencer al INE de que reconsidere el presupuesto que pidió para la realización de la elección extraordinaria en junio de 2025, o bien, que pida a la Cámara de Diputados que evalúe el caso y determine si es posible llevar a cabo una reducción.