Consultas de López Obrador, entre la polémica y la legalidad

8 de abr. (Sentido Común) -- La palabra consulta ha reverberado en los titulares económicos de México desde la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ellas, el presidente ha puesto a temblar a empresas y capitales.

     A partir de los resultados de esas consultas populares, organizadas por el propio gobierno, han sido cancelados proyectos avanzados como el Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) --en un proceso realizado incluso antes de la toma del poder-- o la planta cervecera que Constellation Brands construía en la fronteriza ciudad de Mexicali.

     Con el mismo instrumento el propio gobierno ha validado sus iniciativas, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, lo que generó polémica entre la oposición política del gobierno o representantes de organismos empresariales, debido a la falta de sustento legal de estos procesos, su carácter vinculatorio y la mala señal de incertidumbre jurídica hacia la inversión.

     “Nuestros adversarios, los conservadores, me están convocando a que yo consulte. . . se quedaron molestos por lo de la consulta del aeropuerto”, dijo López Obrador en un mensaje de finales noviembre de 2018, días antes de su toma de protesta, en la víspera de una segunda consulta en búsqueda del respaldo de varios de sus proyectos y programas.  “Si el pueblo soberano dice: ‘No queremos el Tren Maya’, o ‘No queremos la refinería’. . ., vamos a acatar lo que diga la mayoría porque eso es democracia, en la democracia el pueblo manda.”

     Y en esa ocasión, como en otras en las que se ha activado este tipo de consultas en los meses recientes, el “pueblo” se inclinó con una votación abrumadoramente mayoritaria, pero con una baja participación, hacia la tendencia que parece convenir al presidente de México.

     Por ejemplo, la votación donde los ciudadanos decidieron a nivel nacional entre el NAIM y el aeropuerto de Santa Lucía; 70% votó a favor del proyecto alterno lopezobradorista con una participación de poco más de un millón de votos 69 mil votos, frente a una lista nominal de alrededor de 90 millones de electores.

     O el proceso más reciente en Mexicali, donde 76% decidió en contra de la planta cervecera en un proceso donde ejerció su voto el equivalente al 4.6% de la lista nominal de esa fronteriza ciudad del estado de Baja California.

     “Negar los permisos subsecuentes de Conagua a la empresa Constellation Brands para continuar con la construcción de su planta cervecera en Mexicali es --una decisión-- arbitraria, autoritaria y unilateral”, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial tras el ejercicio de Mexicali. “La supuesta consulta. . .no tuvo ningún sustento jurídico; se realizó sin ninguna de las previsiones que marca la ley para consultar a la ciudadanía, y de ninguna manera puede ser vinculante.

     El gobierno ha utilizado sus consultas no reguladas como parte de una visión de impulso de --a su manera de ver-- una democracia participativa, uno de los temas pendientes en el sistema político mexicano, en dónde al menos 80% de los mexicanos no estaban satisfechos con el funcionamiento de la democracia, de acuerdo con los resultados más recientes de Latinobarómetro, el estudio de opinión que Corporación Latinobarómetro realiza cada año desde 1995 en varios países de América Latina.

     Pero al hacerlo, ha dejado de lado los procesos de participación considerados ya dentro de las leyes y reglamentos en México, como parte de mecanismos de gobernabilidad, es decir, el equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender los problemas de manera eficaz, estable y legítima.

     Por un lado, la consulta popular para temas políticos trascendentales está considerada dentro de la Constitución en su Artículo 35 y existe una ley que regula su aplicación, en la que se establece un complejo proceso de definición en el que se ven involucrados los tres poderes y cuya realización es coordinada por el Instituto Nacional Electoral.

     Incluso, el actual gobierno había externado la necesidad de reformar este artículo constitucional para “abrir los candados” y permitir futuras consultas, como por ejemplo la que se esperaba realizar par el establecimiento de la Guardia Nacional, un proceso que no realizó.

     El Congreso, controlado por la coalición en el poder, reformó ese artículo a fínales de 2019. Los cambios más notables son la posibilidad de que estos procesos de consulta popular puedan realizarse cada año el primer domingo de agosto y no en cada elección federal, como se tenía contemplado originalmente; así como la inclusión de la opción de considerar temas de trascendencia regional, no sólo nacional.

     Dentro del actuar del gobierno también se consideran otros mecanismos de participación ciudadana conocida como consultas, como las que se pueden activar, como parte de los procedimientos de obtención de la manifestación de impacto ambiental o las consultas en las que los particulares pueden emitir su opinión en los comités de normalización para las normas oficiales mexicanas.

     “No hay que tener miedo a los temas de consulta el tema es qué relación tenemos con nuestras comunidades, cómo nos estamos vinculando a ellas”, dijo Juan Pablo Gudiño Gual, socio fundador y director general de Igual Social Ambiental y Legal Consultores, en entrevista. “Yo creo que lo inteligente de estas consultas es buscar el proceso de negociación, creo que es una puerta que se puede abrir con las comunidades, con los interesados, con las propias empresas”.

     Incluso la Suprema Corte de Justicia ha volteado a estos mecanismos, que consideran la realización de reuniones públicas de información, para resolver casos sonados como los vinculados con Grupo México, uno de los mayores conglomerados empresariales del país, y los Comités de Cuenca del Río Sonora.

     A pesar de la existencia de estos antecedentes de consulta regulados, para algunos expertos aún existe un vacío legal que habría que llenar para el caso de grandes proyectos y su impacto en pueblos y comunidades, uno de los mecanismos considerados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

     “Sigue haciendo falta a nivel federal las leyes de consulta, ya que muchos de los proyectos que se están haciendo en el país. . . afectan a pueblos y comunidades, tener una ley es importante porque si tienes un procedimiento de consulta los pueblos y comunidades saben cómo tienen que participar, saben cómo se les va afectar, y por otro, también los inversionistas saben a qué atenerse”, dijo José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el espacio radiofónico de la periodista Carmen Aristegui, en enero.