IMEF descarta que nearshoring impulse el crecimiento económico en próximos dos años

El fenómeno de relocalización de empresas o nearshoring tendrá un impacto prácticamente nulo sobre el crecimiento económico de México en los próximos dos años, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

     El producto interno bruto nacional crecerá 2.3% el próximo año y 2% en 2025, lo que refleja un declive gradual en el ritmo de expansión de la economía frente al 3.4% previsto para 2023, de acuerdo con los pronósticos del instituto en su encuesta de expectativas de diciembre. Además, dichas tasas están muy lejos del potencial de crecimiento que alcanzaría el país si aprovechara al máximo la oportunidad que plantea la relocalización, dijeron los voceros del organismo también conocido como IMEF.

     “Ahí no hay ningún efecto visible del nearshoring”, dijo Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos de IMEF, en conferencia. “Si aprovecháramos la oportunidad, podríamos estar creciendo a tasas del 5, 6 o hasta 7%”.

     Los expertos agregaron que los niveles de expansión del PIB cercanos a 2% reflejan el regreso de la economía a su potencial real de crecimiento, por lo que para impulsar un mayor dinamismo sería necesario que las autoridades adopten una postura diferente en rubros como la política energética.

     “En algunas zonas del país que están creciendo de forma importante --Querétaro o algunos estados del norte--, las empresas que se quieren instalar ya empiezan a encontrar problemas para obtener abasto de energía eléctrica”, agregó Mario Correa. “El país no está invirtiendo al ritmo que se requiere en generación de diferentes tipos de energías, y contar con energías suficientes, a precios competitivos, confiables y generadas cada vez más por fuentes limpias y renovables, es una nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar”.

     Los especialistas de IMEF advirtieron que el panorama económico para 2024 aún está sujeto a un elevado grado de incertidumbre, debido a factores geopolíticos y a los procesos electorales en México y Estados Unidos, a lo que se suman presiones crecientes en las finanzas públicas --que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha descartado-- y temas de gobernanza.