Diputados aprueban reforma menos drástica a Ley Minera, va al Senado

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma a las leyes Minera y de Aguas Nacionales con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende incrementar el control estatal de los recursos minerales e hídricos en subsuelo mexicano, una propuesta que ha recibido críticas, la última de ellas por ser aprobada de manera apresurada en las primeras horas del viernes.

     El dictamen fue aprobado tras cinco horas de discusión con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, mientras que en lo particular fue avalado con 251 votos a favor, 209 en contra y una abstención.

     La iniciativa presidencial cumplió así con el primer paso legislativo para convertirse en ley, pues aún falta que sea revisada y aprobada por el Senado de la República, que de aprobarla con cambios obligaría a su regreso a San Lázaro. En todo caso tiene lo que resta de la próxima semana antes de que se termine el periodo ordinario de sesiones.

     Antes de ser puesta a consideración del Pleno, la propuesta que López Obrador envió a los legisladores el 24 de marzo recibió algunas modificaciones, entre ellas la de la duración que tendrán las concesiones, así como la posibilidad de extraer más de un mineral.

     Pese a los cambios que suavizaron la propuesta de la Federación, se mantuvieron algunas críticas de opositores y empresas de la industria, quienes consideran que genera incertidumbre y desincentiva la inversión privada por, entre otras cosas, reducir el plazo de las concesiones mineras a particulares.

     “Estamos destinando el futuro del sector al fracaso”, dijo el diputado Ildefonso Guajardo, del Partido Revolucionario Institucional. “Esta iniciativa nos va a llevar a la parálisis de un sector que representa un 10% del sector manufacturero de México y representa empleo para dos millones y medio de mexicanos”.

     La aprobación de la reforma se materializó incluso pese a que Manuel Rodríguez, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Energía en la Cámara Baja, anunció que sería votada hasta septiembre, a fin de convocar a un Parlamento Abierto y recibir los comentarios de expertos y actores del sector.

     “Veríamos cualquier posible aprobación acelerada del proyecto de ley como un desarrollo negativo, ya que creemos que puede no permitir que el Congreso celebre audiencias con representantes y expertos de la industria minera”, dijo Carlos de Alba, analista del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley, en un reporte. “La aprobación de la propuesta por parte del Congreso (Cámara Baja + Senado) antes del 30 de abril, cuando finaliza el período legislativo actual, parecería una exageración, pero podría ser factible, en nuestra opinión”.

     La iniciativa que el presidente envió a San Lázaro proponía reducir la duración de las concesiones mineras de 50 a 15 años, con una sola prórroga por el mismo lapso. No obstante, ante las críticas de distintos participantes de la industria por la incertidumbre que generaba, los diputados modificaron el texto y fijaron el plazo de los permisos en 30 años, con una primera prórroga de 25 años y la posibilidad de extenderlos otros 25, si los particulares deciden participar en el proceso de licitación del mismo lote que estaban explotando.

     Así, la duración de las concesiones mineras pasaría de los 100 años que se permiten en la actualidad a un máximo de 80.

     De igual forma, los legisladores fijaron en 30 años el plazo inicial de las concesiones de agua para este sector, frente a los cinco que planteaba el texto enviado por el Ejecutivo.

     Otro cambio es que el otorgamiento de concesiones podrá incluir dos o más minerales o sustancias, mientras que la propuesta anterior contemplaba la explotación de un solo mineral, con el argumento de tener un mayor control sobre la generación de recursos para el Estado y las comunidades afectadas.

     Por su parte, el monto mínimo de la contraprestación que los privados deberán otorgar a los pueblos y comunidades ubicados en zonas mineras se redujo de 10 a 7% del beneficio que obtengan por la explotación de minas, al tiempo que se determinó la base para calcular dicho porcentaje.

     Los defensores del proyecto legislativo dijeron que establece reglas claras para la explotación minera y erradica una serie de prácticas empresariales que el gobierno percibe como abusivas.

     “Ahora las concesiones ya no serán producto de acuerdos o de compadrazgos, sino que se darán a través de licitación pública”, dijo Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, a medios en la sede de la Cámara Baja. “Por primera vez se regula, se le da transparencia, se le da certeza al pueblo de México, se protege el medio ambiente y se cuida el agua”.

     “Se consulta el aprovechamiento del agua; se precisa y se armoniza la temporalidad de la concesión del agua y la concesión de la mina; se establece con precisión que deberá de ser tratada por lo menos 60% del agua que utilizan” las empresas, agregó Mier.

     El proyecto también propone castigar la inactividad o especulación con la cancelación de las concesiones, si transcurren dos años sin que se reporten trabajos en mina, al tiempo que considera el rehúso del agua.

     Además, la reforma prevé el cierre de las minas en casos de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública.

     Claro que la reforma no estuvo exenta de críticas por parte de analistas y representantes de la iniciativa privada, quienes consideran que la reducción de las concesiones a 30 años podría tener un impacto negativo para la rentabilidad de las empresas, la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento económico del país.

     “La propuesta implica mayores costos para las empresas mineras y un límite de tiempo más corto para alcanzar los niveles de gasto”, dijo José María de las Rivas, analista de Intercam, en un reporte publicado en marzo.

     De igual forma, el proyecto de ley enfrentó críticas de los diputados de oposición, quienes dijeron que paralizará al sector porque el Estado creó un monopolio con la exploración de los minerales.

     “Lamentablemente tiene un defecto central que va a ser que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento. Ese problema se encuentra en los artículos 10 y 10 Bis, en donde se le da la responsabilidad al Servicio Geológico Mexicano y la condición monopólica de ser el único encargado de la exploración”, dijo el diputado Ildefonso Guajardo, durante la discusión del dictamen. “Esta iniciativa nos va a llevar a la parálisis de un sector que representa un 10% del sector manufacturero de México y genera empleos para dos millones y medio de mexicanos”.

     Además de las leyes Minera y de Aguas Nacionales, el proyecto incluye cambios a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.