México renegocia con IP operación de reclusorios, dice ahorrará 10 mil mdp

22 de abr. (Sentido Común) -- El gobierno de México sumó un nuevo capítulo en su historial de renegociaciones de contratos entre la administración pública y la iniciativa privada, los cuales fueron firmados en sexenios pasados pero, a consideración del presidente Andrés Manuel López Obrador, son perjudiciales para la hacienda pública.

     Ahora tocó turno a los contratos que firmaron cinco empresas para la operación de ocho centros penitenciarios, los cuales permitirán ahorros para el gobierno por 10 mil 106 millones de pesos (508.2 millones de dólares) en los cuatro años restantes de la presidencia de López Obrador.

     “Este es un ejemplo de que cuando se sigue la filosofía de su gobierno de combatir la corrupción se generan ahorros importantes a la hacienda pública que podrán ser destinados para beneficio de la nación”, dijo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, en la conferencia matutina del presidente.

     La negociación se llevó a cabo con las empresas Exi Quantium, GIA+A, Prodemex, Inbursa y BlackRock, titulares de los ocho contratos para operar los centros ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Coahuila y Morelos --este último de tipo femenil--, dijo la funcionaria.

     El gobierno ya había mostrado inconformidad por tener que pagar un costo fijo de alrededor de tres mil 500 pesos por cada interno que pudieran albergar esos centros penitenciarios, independientemente del porcentaje de ocupación que tuvieran las cárceles operadas por privados.

     Antes de las negociaciones, que iniciaron en enero, los contratos con vigencia de 20 años obligaban al gobierno mexicano a pagar 276 mil 619 millones de pesos (13 mil 914 millones de dólares). De éstos, se pagaron ya 85 mil 398 millones (cuatro mil 295 millones) en nueve años.

     Tras la negociación, México logrará un ahorro total de 41 mil 496 millones de pesos (dos mil 87 millones de dólares) en los 11 años restantes de contrato, de acuerdo con Rodríguez.

     Tan solo para este año estaba previsto el pago de 15 mil 933 millones de pesos (801.4 millones de dólares) por los ocho centros, pero con la renegociación el monto reducirá 15% a 13 mil 543 millones de pesos (681 millones de dólares).

     Ambas partes acordaron también que la propiedad de los inmuebles --una vez finalizada la vigencia de los contratos-- pasará a manos del gobierno y no se quedarán bajo control de las empresas, una de las condiciones que más inconformidad generaba en el presidente.

     “Otro de los logros en la mesa es que las instalaciones de los centros penitenciarios que están sujetos a los contratos de prestación de servicio ahora sí sean incorporadas a patrimonio de la Nación”, agregó la titular de Seguridad.

      Si bien el gobierno destacó la disposición de las empresas para revisar y modificar los contratos firmados en la administración del expresidente Felipe Calderón, el pago –que se realiza de manera mensual—fue suspendido desde los primeros días de este año y será reanudado una vez que las modificaciones sean concretadas.

     Pese a las negociaciones, las autoridades dijeron que continuarán con los procesos penales contra los exservidores públicos involucrados en la adjudicación directa de los contratos, por sospechas de posibles actos de corrupción.

     Para López Obrador, la renegociación es una buena noticia, ya que las condiciones originales eran muy favorables para las empresas y perjudiciales para la hacienda pública; además de que los recursos serán destinados a la creación de cuarteles para la Guardia Nacional.

     “No vamos a incumplir con contratos de otros tiempos, lo que buscamos es quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública y que logremos ahorros”, dijo el mandatario en su conferencia matutina. “Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución de 15%”.

      Ésta no fue la primera ocasión en que la administración lopezobradorista logra modificar los acuerdos entre la iniciativa privada y el gobierno que fueron establecidos antes de su arribo a la presidencia.

      La administración del mandatario tabasqueño, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), inició en los primeros meses de 2019 una disputa contractual con cuatro operadoras privadas de siete gasoductos, relacionada con las tarifas que debía pagar la empresa estatal por el servicio de transporte de gas natural.

     Fue hasta agosto de ese año, luego de tensas negociaciones, que CFE y Grupo Carso, el mayor grupo industrial del país; Infraestructura Energética Nova (IEnova), la primera empresa de infraestructura en energía en listarse en bolsa en México; y su socio canadiense TC Energy, antes conocida como TransCanada, llegaron a un acuerdo, al que un par de semanas después se sumaría la compañía mexicana Fermaca.

     En otro frente, Constellation Brands, la compañía estadounidense que tiene los derechos para producir y distribuir cervezas de Grupo Modelo en Estados Unidos, acordó en febrero desmantelar durante los próximos dos años una planta que construía en Mexicali, en el estado de Baja California, obra que fue detenida tras una consulta ciudadana impulsada por el gobierno de López Obrador.

     El freno a esta obra, que llevaba cerca de 70% de avance y representaba una inversión de cerca de tres mil 500 millones de dólares, desató una polémica por meses y generó incertidumbre para futuras inversiones.