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El Consejo de Empresas Globales en México, que agrupa a más de 60 compañías internacionales con presencia en el país, expresó preocupación por el deterioro de la certidumbre jurídica para el arribo de inversiones al país, luego de la decisión del gobierno de tomar el control de un tramo férreo concesionado a Ferrosur, la semana pasada.
El decreto publicado el viernes, y que permitió a la Secretaría de Marina tomar el control de las instalaciones localizadas en el Istmo de Tehuantepec, manda un mensaje equivocado sobre el respeto a las garantías constitucionales y los marcos jurídicos que protegen a la inversión, dijo el consejo en un comunicado.
“Es crucial que todo gobierno se ajuste a la ley y evite tomar acciones que puedan ser percibidas como arbitrarias”, agregó el consejo en la comunicación. “Para generar confianza y promover la inversión es fundamental que el Estado brinde un entorno estable y predecible, en el cual todas las empresas puedan operar de manera segura y cumplir con sus obligaciones”.
El consejo hizo un llamado al gobierno del presidente López Obrador a tomar consciencia de las consecuencias que decisiones como el decreto del viernes tienen en la confianza de los inversionistas, así como en la reputación del país a nivel mundial.
En concreto, el consejo consideró que ese tipo de decisiones políticas podrían comprometer el potencial de creación de dos a cuatro millones de empleos formales y de atraer cerca de 20 mil millones de dólares en inversiones para México producto del proceso de relocalización de cadenas productivas, también conocido como nearshoring.
El decreto con el que la Marina tomó control de las operaciones de Grupo México Transportes, la división de infraestructura del conglomerado Grupo México, sorprendió a la empresa, por lo que informó que analizaría las opciones legales a su disposición.
El gobierno, por su parte, aseguró que la ocupación “temporal” --pero que podría convertirse en definitiva, de acuerdo con Grupo México-- es constitucional y en apego a la ley. Además apuntó a que Germán Larrea, máximo accionista de la compañía ferroviaria a través Grupo México, solicitó un pago de nueve mil 500 millones de pesos (532 millones de dólares) para otorgarle el derecho de paso en los tramos que ahora están bajo control de las autoridades, a través de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, mismo que fue rechazado por el gobierno.
El presidente López Obrador dijo este martes que las negociaciones entre gobierno y empresa continúan y que confía en llegar a un acuerdo.
*Emiliano Fuentes colaboró en esta historia
Fecha de publicación: 23/05/2023
Etiquetas: certidumbre jurídica empresas inversión