Suprema Corte declara inconstitucional Ley Eléctrica de López Obrador y le pone punto final

31 de ene. (Axis negocios) -- La Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en marzo de 2021 y que en esencia privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía eléctrica frente a competidores privados, sufrió un nuevo revés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la entierra de manera definitiva.

     Fue la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia del país la que determinó que, en un voto dividido, los cambios impulsados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son inconstitucionales y contrarios a la reforma constitucional de 2013.

     Esta determinación se desprende de un proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, que otorga un amparo promovido por seis empresas del sector, pero con efectos generales y con validez para toda la industria, para evitar la aplicación de reglas dispares.

     “La propia sala precisó que el supuesto fortalecimiento de las empresas del Estado no es razón para desconocer el marco constitucional en materia de energía eléctrica”, dijo la Suprema Corte en un comunicado posterior a la sesión.

     “Así, los cambios aprobados en marzo de 2021 que restringirían la competencia en el mercado eléctrico para favorecer a la CFE quedan sin posibilidad de implementarse”, indicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su cuenta de la red social X, tras el fallo de la segunda sala.

     El proyecto contó con los votos favorables de los ministros Luis María Aguilar y de Pérez Dayán, quien al ser el presidente de la Segunda Sala fue quien dio el voto de calidad necesario, ya que el ministro Javier Laynez Potisek, se declaró impedido para dar su voto.

     En contra del proyecto votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, esta última nombrada ministra de manera directa por el presidente López Obrador en diciembre.

     Durante su participación, Batres Guadarrama recordó que la Suprema Corte de Justicia había discutido ya la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, en abril de 2022, resultando en una de las sesiones más polémicas del máximo tribunal de justicia en lo que va de este sexenio.

     Con siete votos en contra y cuatro a favor --incluido el voto del entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar-- el pleno del máximo tribunal del país desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de los partidos de oposición al gobierno del presidente López Obrador, en contra de los cambios a la legislación.

     En aquella ocasión, era necesario contar con el voto mayoría calificada --o de ocho de 11 ministros-- para desechar el proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz, que planteaba infundados los argumentos expuestos por los senadores de oposición. Sin embargo, al contar con mayoría simple en contra de la constitucionalidad, dejó abierta la puerta a que participantes de la industria eléctrica continuarán recurriendo a tribunales.

     Ese episodio en el máximo tribunal de justicia también fue recordado por el ministro Aguilar Morales, al asegurar que el proyecto del ministro Pérez Dayán recogió los argumentos de inconstitucionalidad dados por siete ministros en la sesión de abril de 2022.

     "Considero que son infundadas las manifestaciones de las autoridades recurrentes encaminadas a demostrar que las reformas son constitucionales. . . ya que, contrario a lo argumentado por las autoridades, la rectoría económica del Estado no es una potestad omnímoda ni unívoca, sino que se ejercerá respetando el marco general de atribuciones y libertades constitucionales, pues de otra forma se generaría una jerarquía respecto de ciertas disposiciones constitucionales”, añadió.

     El fin de la Ley de la Industria Eléctrica se perfilaba ya desde finales del año pasado, cuando el ministro Javier Laynez Potisek presentó un proyecto en el mismo sentido, el cual fue frenado mediante diversos recursos interpuestos por el Ejecutivo federal, que incluso derivaron en el impedimento del ministro para votar en la sesión de este miércoles. Sin embargo, el proyecto del ministro Pérez Dayan iba en el mismo sentido que el de su colega.

     Claro que aún está pendiente de resolverse las consultas solicitadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá bajo el amparo del acuerdo comercial que ambos países mantienen con México, conocido aquí como T-MEC, las cuales podrían derivar en un panel de resolución de controversias.