Senadores de EUA alistan ley contra expropiación a Vulcan Materials

Un grupo de senadores de los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos, presentaron una iniciativa de ley que, de manera indirecta, busca desincentivar al gobierno de México de sus planes de expropiar los terrenos de Vulcan Materials en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

     El proyecto contempla prohibir el descargo o recepción de reparaciones en Estados Unidos o sus territorios --como Puerto Rico-- a los barcos que utilicen el puerto en caso de que el gobierno mexicano concrete sus planes, lo que desincentivaría su uso turístico o comercial, reportó Bloomberg.

     “El plan del presidente López Obrador para apoderarse del puerto de aguas profundas de Vulcan sería una expropiación flagrante de una operación legalmente permitida y propiedad de Estados Unidos. Nuestra Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Exterior, de carácter bipartidista, deja en claro que responderemos a sus acciones ilegales con consecuencias aplastantes”, escribió en su cuenta de X la senadora por Alabama Katie Britt.

     Britt y el senador Tommy Tuberville, ambos del Partido Republicano; y el senador demócrata Tim Kaine, son coautores de la iniciativa impulsada por el también republicano Bill Hagerty.

     La confrontación entre Vulcan Materials --que opera una productora de materiales en el sureste mexicano a través de su filial Calica-- y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, data de al menos un par de años, cuando la empresa fue acusada por el mandatario de extraer material pétreo sin contar con permisos vigentes.

     Hace unos meses, el mandatario ofreció adquirir la concesión de Vulcan en seis mil 500 millones de pesos (335 millones de dólares), así como retirar todas las demandas interpuestas. Los planes del aún presidente contemplan utilizar los terrenos para la creación de un área natural protegida y un parque ecoturístico.

     En respuesta, la productora de materiales descartó una venta de sus activos a un precio menor al que considera justo.

     “No renunciaremos a nuestras inversiones ni trabajo, menos aún por un valor nominal alejado de la realidad e impuesto unilateralmente por el gobierno de México”, dijo la empresa en un desplegado publicado en diversos medios nacionales en mayo.