Gobierno de Sheinbaum recuperará carácter público de Pemex y CFE con reformas

9 de oct. (Axis negocios) -- El gobierno de la presidencia Claudia Sheinbaum está cerca de recuperar el carácter público de las empresas productivas del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), una iniciativa que quedó pendiente en la anterior administración federal.

     El pleno de la Cámara de Diputados discute los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El primero de esos cambios plantea regresar a ambas compañías su estatus de empresas públicas del Estado, que perdieron en 2014 con la reforma que permitió la participación del sector privado en la industria.

     “¿Qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas; es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público, eso las fortalece’’, dijo Sheinbaum Pardo en su reunión con medios del miércoles.

     El cambio a empresas públicas implica, entre otras cosas, que ambas estarán regidas por el derecho público y no mercantil, dijo la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González.

     En el caso específico de la CFE, el actual productor y distribuidor de energía eléctrica del país, el cambio le garantizará la preponderancia en la generación de electricidad, con una participación de mercado del 54%, frente a 46% en manos de privados, uno de los 100 compromisos de gobierno hecho por la mandataria en su toma de protesta.

     “Esto quiere decir que CFE va a poder despachar de manera primeramente la energía que requieren todos los hogares. CFE es la empresa que genera y distribuye la energía eléctrica a todos los hogares”, sostuvo la secretaria de Energía en la conferencia.

     Es prácticamente un hecho que el dictamen, que surgió a partir de una iniciativa enviada a principios de este año por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, obtenga los votos necesarios para obtener la mayoría calificada --de 334 legisladores-- requeridos para cambios a la Constitución, ya que el partido gobernante, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados políticos cuenta con 364 curules.

     Hasta el cierre de esta edición, los cambios constitucionales continúan su discusión en el pleno de la Cámara Alta, en la que algunos legisladores de oposición argumentan que los cambios refuerzan el control del Estado sobre el sector energético.

      Ser dirigidas por el Estado, eliminaría el enfoque de rentabilidad y competitividad, compromete la autosuficiencia económica, genera un deterioro en la calidad de servicios, disminuye la inversión, la innovación y la modernización, lo que se traduce en mayores subsidios que aumentarán el gasto público, de acuerdo con el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), César Augusto Rendón.

     Otro de los riesgos advertidos por la oposición es la falta de transparencia en la operación de Pemex y CFE y la centralización de la conducción de la energía por el Ejecutivo; además de que se deja de lado el saneamiento financiero de las empresas.

     Claro que algunos, como la agencia crediticia Fitch, ven ciertas ventajas en caso de concretarse el cambio de estatus, como una mayor supervisión financiera y operativa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que eventualmente llevará a una mejora en su calificación crediticia de “B+” asignada por la agencia.

     “Esta mayor supervisión podría afectar la actividad de emisión de deuda de Pemex, pero también podría facilitar que la empresa obtenga financiamiento del gobierno”, dijo Fitch, en un reporte.