Elektra pide a SCJN imparcialidad en disputa fiscal con SAT; apunta a voto disidente de magistrado

24 de sep. (Axis negocios) -- Grupo Salinas, un conglomerado con participación en los sectores de telecomunicaciones, minorista y bancario, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar de manera imparcial los dos recursos de amparo contra el cobro de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a su empresa Grupo Elektra.

     El par de recursos están programados para ser revisados el 2 y 9 de octubre por la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia del país, y en conjunto suman más de 34 mil millones de pesos en impuestos correspondientes a los ejercicios 2008 y 2013.

     “Convencidos de que la razón ética y jurídica nos asisten, confiamos en un Estado de derecho en el que la resolución de nuestros asuntos se realice conforme a los principios de autonomía e independencia judicial, sin linchamientos públicos ni presiones políticas”, dijo el grupo en un comunicado.

     En específico, el conglomerado pidió considerar el posicionamiento y voto particular del magistrado Fernando Silva García, uno de los tres que integran el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, quien en junio fue el único que votó en contra de negar un amparo directo contra una sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en octubre de 2020, y que involucra un crédito fiscal relacionado con el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

     El crédito, por 18 mil 455 millones de pesos (960 millones de dólares) fue determinado en su momento debido a que la empresa no reversó las pérdidas de filiales que había aprovechado para reducir el pago de menos ISR en ejercicios fiscales anteriores a 2014, de acuerdo con algunos reportes de medios.

     La sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitida en 2020 determinó que la compañía debió haber reversado las deducciones por pérdidas de acciones que aplicó en ejercicios fiscales anteriores --en 2008, 2010, 2011 y 2012--, debido a que fueron superiores a las ganancias obtenidas.

     Ello fue respaldado por los magistrados Salvador Alvarado y Martha Ortiz, pero el magistrado Silva García consideró que el SAT no debido exigir la reversión de las pérdidas por enajenación de acciones en 2018, debido a que ya las había declarado improcedentes e inexistentes dos años antes, de acuerdo con la sentencia del tribunal que fue publicada por Grupo Salinas.

     “El SAT, en todos estos años jamás ha actuado con honestidad y objetividad en estos litigios, mañosamente insistiendo siempre en que hay que pagar dos veces por la misma cosa”, acusó el grupo en la página web en la que proporcionó detalles de su conflicto con el SAT.

      El recurso correspondiente al crédito al que hace referencia Grupo Salinas --que con recargos acumulados asciende a 33 mil 306 millones de pesos (1.7 mil millones de dólares)-- está previsto para analizarse el 9 de octubre, y el proyecto está a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán.

     El otro recurso corresponde a un fallo que en junio emitió el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, el cual le dio la razón al Servicio de Administración Tributaria sobre el cobro de un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos (75 millones de dólares) correspondientes al ejercicio fiscal de 2008. La ministra Yasmín Esquivel Mossa es la encargada de dicho proyecto.

     Las declaraciones de Grupo Salinas ocurren luego de que el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con la competencia para conocer los expedientes de la compañía.

     “Ya no le compete a la Corte porque no es un problema de constitucionalidad”, dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional. “Lo que procede es decir ‘no tenemos competencia, es cosa juzgada’”.

     Al respecto, el grupo acusó que la Corte se encuentra bajo un ataque sistemático del presidente López Obrador; al tiempo que señaló al SAT de tener prejuicios, hostilidad política y “oscuras intenciones” respecto a los temas vinculados al grupo.

     Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, también rechazó los señalamientos hechos por la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, quien la víspera aseguró que recibió ofrecimientos de las empresas que conforman el grupo para “manejo de publicidad” e imagen, previo a resolver un recurso de revisión presentado por Elektra en 2022, y que al ser desechado obligó a la empresa a pagar dos mil 636 millones de pesos (137 millones de dólares).

     Las declaraciones de la ministra ocurren el mismo día en el que inició el proceso electoral para la elección de ministros, magistrados y jueces contemplado en la recién aprobada reforma al Poder Judicial de la Federación, proceso para el que Ortiz Ahlf ya está en campaña, señaló la empresa.

     “Esta es una muestra inmediata de la materialización de uno de los riesgos de la reforma judicial: una ministra en activo que pierde objetividad por estar en campaña, actuando en función de los intereses de quienes tripulan su candidatura, y no de la verdad o la justicia”, agregó Grupo Salinas en un comunicado.