López Obrador regularizará autos “chocolate” hasta 2026 pese a rechazo de la industria

27 de sep. (Axis negocios) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió ampliar dos años más la vigencia del decreto que permite regularizar automóviles que ingresaron de manera irregular al país, conocidos popularmente como autos “chocolate”, pese al rechazo por parte de los representantes del sector automotriz.

     La vigencia del decreto estaba fijada para finalizar el 30 de septiembre --mismo día en que finaliza el gobierno del presidente López Obrador-- pero con esta prórroga, estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.

     La decisión de extender el plazo responde a “la buena aceptación del programa y toda vez que continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos de procedencia extranjera”, explicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la publicación que entró en vigor de forma inmediata.

     La extensión del programa estará vigente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

     La regularización de vehículos extranjeros usados fue propuesta por el mandatario por considerar que el registro de este tipo de vehículos evita que se cometan delitos con ellos, además de que algunas regiones del país cuentan con una plantilla informal de unidades.

     La primera ocasión en que México emitió el decreto para regularizar los llamados autos “chocolate” fue en enero de 2022, y a partir de ese momento ha extendido su vigencia en al menos 10 ocasiones previo a esta última, de las que seis correspondieron a 2023.

     Desde su entrada en vigor han sido regularizados dos millones 559 mil 256 vehículos, con que a su vez ha representado una recaudación alrededor de seis mil 398 millones de pesos (324 millones de dólares), con el objetivo de destinarlas a pavimentación en los municipios de las entidades federativas en las que aplica el decreto, de acuerdo con el gobierno mexicano.

     Claro que para los representantes de la industria automotriz, la regularización de este tipo de vehículos representa una amenaza para el sector, ya que desincentiva la adquisición de unidades nuevas.

     Si bien no existe aún una cuantificación del impacto económico para la industria, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), apuntó que la regularización desincentivó la venta de 200 mil unidades nuevas anuales en promedio.

     Tan solo en agosto, cuando las ventas nacionales subieron 12.2% frente a 2023, Chihuahua --el estado que ocupa el primer lugar en regularización de autos “chocolate”-- las ventas retrocedieron 5.6%; mientras que en otros estados, como Baja California, ha significado una desaceleración en las ventas.

     “No hay justificación para mantener este programa negativo, que ha incidido en una mayor chatarrización del parque vehicular y en un fortalecimiento de las finanzas de los grupos del crimen” que controlan el contrabando de este tipo de vehículos, dijo el presidente de AMDA, Guillermo Rosales, en conferencia de prensa a principios de septiembre.

     Tras la prórroga del decreto, la asociación externó su rechazo y acusó que la decisión del presidente saliente es una invasión a las facultades de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá la administración federal el 1 de noviembre.

     "Es lamentable que López Obrador invada con su decisión el mandato de la Dra. Claudia Sheinbaum al extender el decreto por dos años más, a sólo cuatro días de terminar su presidencia", dijo la AMDA, en un comunicado. "El conocimiento técnico, la trayectoria profesional y el compromiso con el medio ambiente de la presidenta Sheinbaum nos hacían pensar que se revirtiera una política gubernamental nociva para México".

     El organismo agregó que el programa se convirtió en un estímulo al contrabando de automóviles para el país, ya que los requisitos para la regularización --como el haber sido introducidos al país sin formalidades del procedimiento aduanero, o que no contaran con restricciones de circulación en su país de procedencia o en México-- no se cumplieron.

     En contraste, otras organizaciones celebraron la decisión del gobierno saliente. Es el caso de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), que apuntó que fue “una solicitud impulsada por varias cámaras fronterizas”, junto con la extensión de otros decretos fronterizos, los cuales no se han concretado.